El reciente brote de listeriosis que afectó a la capital, hace cada vez más necesaria la puesta en marcha de la Agencia Chilena de Inocuidad de los Alimentos.
Sin embargo, ya surgen las dudas sobre si su énfasis estará centrado en la población o en las exportaciones.
En los ’90 el denominado mal de las vacas locas, las dioxinas y la fiebre aftosa remecieron a Europa y obligó al viejo continente a colocar en el primer lugar de su agenda el tema de la inocuidad y seguridad alimentaria. Chile está en el mismo camino, luego de episodios similares con las dioxinas y la listeriosis.
En 2005, y vía decreto, se creó la Agencia Chilena de Inocuidad de los Alimentos, que hoy dirige la ex ministra de Salud, María Soledad Barría, quien está a cargo de montar todo el andamiaje que va a requerir esta nueva institución, que tendrá que coordinar a los organismos con competencia alimentaria.
Este mes, Barría dará a conocer cuál será en definitiva la política nacional de inocuidad que regirá al país. Asimismo, la ex ministra definirá las principales tareas que se darán en el corto plazo, entre ellas el proyecto de ley que enviarán al Congreso en el que se definirá el diseño de la agencia. Mientras tanto, seguirá funcionando como un órgano asesor del Presidente de la República y dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Toda la política apunta a ordenar el disgregado sistema que existe en Chile para verificar la seguridad de los alimentos, que a la vez no permite anticiparse al desembarco de nuevas enfermedades en el país, lo que es clave para un país que ha decido transformarse en una potencia alimentaria al bicentenario.
Para el director de la Escuela de Ingeniería en Alimentos de la Universidad de La Serena, Francisco Yagnam, quien ha participado de las reuniones consultivas que realiza semanalmente la ex ministra Barría, la creación del organismo es necesaria debido a la descoordinación del sistema de aseguramiento de la calidad. Por eso, destacó que una de las funciones de la agencia será coordinar a las distintas reparticiones públicas, además de fiscalizar y controlar los procesos productivos, estandarizar los sistemas de medición, evaluar los riesgos y definir los sistemas de medición en centros analíticos.
Fuente: Extracto de Carlos González Isla /
Aporte: Francisca Castro
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