Las espinacas, que en Estados Unidos eran disputadas como ensalada rica en minerales, pasaron de ser estrellas de los supermercados a quedarse en la tierra sin posibilidad de ser cosechadas. Eso ocurrió el año pasado, debido a brotes de la bacteria escherichia coli, que dejaron como saldo tres personas muertas, más de 200 enfermas y sobre US$ 100 millones en pérdidas sólo en el primer mes de crisis.
Fue un verdadero terremoto para los productores de EE.UU., que recién comienzan a levantarse, tratando de recuperar la confianza de los consumidores.
Pero éste no es el primer ni el último caso en que se afecta la inocuidad alimentaria, uno de los factores de calidad más exigidos hoy por los mercados internacionales.
Y como Chile se ha planteado el desafío de estar entre los diez principales exportadores mundiales de alimentos, un tema por resolver es contar con una institucionalidad pública capaz de asegurar una óptima gestión en materia de inocuidad.
Actualmente, el país cuenta con condiciones fitosanitarias que avalan un buen desempeño en la materia. De hecho, no se han detectado problemas serios de inocuidad en productos de consumo local ni de exportación, lo cual indica que las instituciones encargadas de garantizar la protección de los consumidores - el Servicio de Salud y el Servicio Agrícola y Ganadero- funcionan.
Sin embargo, se debe mejorar más. Para ello se creó, en 2005, la Agencia Chilena de Inocuidad Alimentaria. Es una instancia de coordinación entre los subsecretarios de Salud, Agricultura, Economía, Pesca y Secretaría General de la Presidencia, más la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), cuya misión es elaborar una política nacional de inocuidad y un proyecto de ley para la creación de la institucionalidad que garantice la salud de los consumidores y la competitividad de los productos chilenos.
Desde la semana pasada, la propuesta de política de inocuidad está en consulta pública (por 60 días en los sitios web de los distintos organismos involucrados) y a fin de año estaría lista para iniciar su tramitación legal en el Parlamento.
La segunda etapa será la puesta en marcha de la Agencia, que actuará coordinando los organismos que actualmente desempeñan este rol, como el SAG y el Ministerio de Salud, para que no se sobrepongan y se haga más expedita su labor. A eso se agregará su apoyo a una mayor investigación e innovación en la producción de alimentos.
"La Agencia dará una mirada más eficiente al tema de la inocuidad e incorporará algunos elementos de desarrollo moderno de la industria, que no necesariamente están presentes en todos los organismos. Esto permitiría tener mejores sistemas de prevención y de alerta en términos de los eventuales riesgos", explica un asesor del Ministerio Agricultura.
Precisamente, la dispersión de funciones en distintos organismos y la aplicación de normas internacionales a ritmo distinto del que se van generando han sido, hasta ahora, dos de los temas que dificultan el manejo sanitario. Un ejemplo es lo que ocurre con la Resolución 581 del Ministerio de Salud, que fija los límites de residuos de plaguicidas en los alimentos de consumo interno. En este ámbito Chile adopta la normativa internacional FAO/OMS Codex Alimentarius. Ésta cambia año a año por las reevaluaciones efectuadas por los especialistas del Codex, pero en Chile no se van adoptando con la misma rapidez.
"Entonces, ¿que tenemos?, por una parte una regulación del SAG y del Ministerio de Agricultura, que efectúa los procesos de autorización de uso de estas sustancias, pero que no tienen injerencia ni coordinación con el Ministerio de Salud que, a su vez, cuenta con una normativa no actualizada en cuanto a residuos permitidos y que contiene productos químicos que nunca se han utilizado en fruticultura o que simplemente ya ni se comercializan", explica Ronald Bown, presidente de la Asociación de Exportadores (Asoex).
Otros de los problemas que se solucionarían es con la elaboración de productos. Por ejemplo, los platos preparados para la exportación no cuentan con un sistema de certificación, aunque el proceso es fiscalizado por las entidades de Salud y el SAG.
La idea de la Agencia es mejorar la eficiencia y anticiparse a problemas si otros países utilizan argumentos sanitarios para impedir el ingreso de los productos chilenos.
Lo que falta
Para el Dr. Guillermo Figueroa, del Inta, el mayor problema de inocuidad que afecta al país es la falta de una base de datos que dé cuenta del número de casos y los problemas detectados en productos chilenos.
'No existe análisis de riesgo que detecte cuáles son los posibles mecanismos por los cuales el producto se contamina. Si sabemos eso podemos tomar acciones al respecto', señala.
No sólo espinacas. Este año el melón chino fue retirado del mercado de EE.UU. por presencia de salmonela. También los champiñones por sospecha de escherichia coli. Estudios de PMA señalan que la preocupación de la población por estos brotes ha tenido un alto costo para la industria. Entre 1996 y 2005, se detectaron 63 brotes y 8.040 enfermedades derivadas de ellos. Los productos con más problemas fueron el tomate, la lechuga y el melón chino.
Fuente Revista del Campo, El Mercurio, Lunes 9 de Julio, 2007
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